Dos empleados del Departamento de Agua y Alcantarillado del Condado de Miami-Dade y una empleada de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade fueron arrestados y enfrentan cargos por delitos graves derivados de un presunto esquema para evadir los exámenes requeridos para obtener licencias de conducir comerciales (CDL).
Los arrestos fueron resultado de una investigación conjunta de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, la Oficina del Inspector General del Condado de Miami-Dade, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.
Según el Inspector General, los empleados del Departamento de Agua y Alcantarillado Matthew Howard, Jr. y Keith Garrod Jones no aprobaron los exámenes obligatorios de conocimientos y habilidades para obtener una CDL y posteriormente pagaron a Vanessa Erika Roberts, empleada de la Oficina del Recaudador de Impuestos, para evadir esos requisitos.
Los investigadores alegan que Roberts procesó falsamente las solicitudes en el sistema del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) como transferencias de licencias CDL válidas emitidas fuera del estado. Este proceso, comúnmente conocido como reciprocidad, reconoce credenciales válidas emitidas por otro estado y puede eximir al solicitante de ciertos exámenes que de otro modo serían obligatorios. Los investigadores alegan que ninguno de los dos empleados cumplía con los requisitos para acogerse a ese procedimiento.
Howard y Jones enfrentan, cada uno, un cargo de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, un delito grave de tercer grado, y un cargo de compensación o recompensa ilegal por conducta oficial, un delito grave de segundo grado. Roberts enfrenta dos cargos por cada uno de esos delitos. Roberts ya no trabaja para la Oficina del Recaudador de Impuestos.
“Cuando asumí el cargo, dejé claro que proteger la integridad de esta oficina y recuperar la confianza del público serían una prioridad”, afirmó el Recaudador de Impuestos Dariel Fernandez. “Cuando se descubre una conducta indebida, actuamos. Toda persona que abuse de la autoridad pública para obtener un beneficio personal debe rendir cuentas ante la ley”.
“Una licencia de conducir comercial debe certificar que la persona al volante ha cumplido con los requisitos necesarios para operar vehículos comerciales de gran tamaño de manera segura”, continuó Fernandez. “Evadir esas medidas de seguridad socava el proceso de otorgamiento de licencias y pone en riesgo a todos los que transitan por nuestras carreteras”.
Fernandez agradeció a la alguacil Rosie Cordero-Stutz, a la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle, al inspector general Felix Jimenez y a sus respectivos equipos por su labor durante la investigación.
La Oficina del Recaudador de Impuestos está revisando transacciones y registros relacionados y tomará cualquier medida administrativa o correctiva adicional que corresponda de acuerdo con los resultados de dicha revisión.
